El gobierno nacional estableció, mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial, un mecanismo para resolver conflictos de intereses que surjan entre una empresa y el Estado, cuando se constate relación o vínculo con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que suscite dudas sobre la debida gestión de los intereses del Estado.
Los decretos 201 y 202 llevan la firma del presidente Mauricio Macri, quien el pasado 1º de marzo, al inaugurar el año legislativo en el Congreso, había anunciado que tomaría esta decisión tras la polémicas que se suscitaron por el acuerdo con el Correo Argentino y la concesión de las rutas aéreas a Avianca.
El primero de los decretos dispone que sea la Procuración del Tesoro de la Nación el organismo que patrocine al Estado “asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público”.
Para ello, se constatará que no exista entre los funcionarios y las empresas, así como tampoco con sus directivos o accionistas, “parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia; y amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato”.
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